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El derecho de acceso a los documentos

Fuente:

Consejería de Cultura y Turismo

Descripción:

Pautas para comprender la compleja normativa y cómo hacer valer los derechos del ciudadano a acceder a los documentos de las Administraciones Públicas

Fecha de publicación de la Noticia:

27 de marzo de 2017

Contenido:

El acceso a los documentos siempre es un terreno delicado de abordar, puesto que se deben articular los diferentes intereses que confluyen: la transparencia de las Administraciones Públicas, la protección de los intereses del Estado y la protección de la intimidad de las personas. Además, en España el marco jurídico en materia de acceso de los ciudadanos a la documentación ha estado sujeto tradicionalmente a múltiples consideraciones que lo han convertido en un ámbito falto de concreción y lleno de contradicciones, dando lugar a interpretaciones arbitrarias. En el Portal de Archivos de Castilla y León hemos dedicado uno de nuestros "Temas de interés" a este particular, desde una perspectiva muy amplia y sin pretensión de ser exhaustivos, pero intentando aclarar conceptos y acercar esta compleja normativa al ciudadano.

Pese a la manifiesta dificultad que supone encajar toda la normativa existente (tanto autonómica como estatal y europea) en el engranaje, sí queremos resaltar que el artículo 20 de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León, que dice:

“Todos los ciudadanos tienen derecho a la consulta libre y gratuita de los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Castilla y León, con fines de estudio e investigación o de información para la defensa de sus derechos o el conocimiento de sus obligaciones, siempre que concurran las condiciones que para su consulta pública establezca la Ley y las normas que la desarrollen”.  

Del mismo modo, el artículo 51 de la Ley de Archivos señala que: “El acceso a los archivos integrados en el sistema castellano y leonés y la consulta de sus fondos documentales serán gratuitos (…)”.

Acceso al tema de interés: El derecho de acceso a los documentos: un complejo equilibrio